Joaquín Villarino: La encrucijada de la minería

13 marzo, 2018 462 0 0

El presidente ejecutivo del consejo minero marca la pauta de las preocupaciones y desafíos para la minería en 2018 y el mediano plazo. Si bien su producción crecería un 6% durante este año, solo sería una recuperación de los niveles del período 2013-2015. “Las variaciones en los montos de inversión total corresponden a cambios en el estado de proyectos y a extensiones u optimizaciones de faenas existentes, y no a nuevas iniciativas que permitan incentivar aumentos de producción futura”, afirma Joaquín Villarino.

Por Jorge Velasco Cruz_ Fotos Gentileza Consejo Minero


Luego de un período complejo, marcado por un bajo precio del cobre y de otros commodities, el alza del valor del metal rojo durante el segundo semestre del año pasado, ha llevado a la industria minera   a mirar el futuro con cierto optimismo. De hecho, el Consejo Minero proyecta un rango entre US$ 2,7 y US$ 3,1 para la libra de cobre y una producción de 5,7 millones de toneladas, que implica un 6% de crecimiento respecto de 2017.

Sin embargo, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín  Villarino, se toma este reimpulso de la minería con cautela. “Estas cifras no serían más que una recuperación de los niveles de producción de los años 2013-2015”, afirma. En el último Catastro de Proyectos de Inversión, publicado por el Consejo Minero en junio de 2017, detalla Villarino, el monto total de aquellos en etapa de evaluación alcanzó US$ 42 mil millones, lo que representa un aumento de 17,6% en comparación con el último Catastro presentado en diciembre de 2016. No obstante, los proyectos en estado de ejecución alcanzaron US$ 14 mil millones, con una caída de 12% respecto a diciembre de 2016.

“Una característica general y preocupante de estos últimos catastros es que las variaciones observadas en los montos de inversión total corresponden a cambios en el estado de los proyectos y a extensiones u optimizaciones de faenas existentes, y no a nuevos proyectos (greenfield) que permitan anticipar aumentos de producción futura”, comenta el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, Villarino llegó a ocupar su actual cargo en 2011, cuando el precio de los commodities estaba en un auge. En todo este tiempo, le ha tocado presenciar los diversos vaivenes de los precios de los metales.

¿Qué lecciones aprendidas de momentos de buenos precios podrían aplicarse en el futuro para un contexto más favorable?

El carácter cíclico de la industria nos ha permitido aprender de los errores cometidos en momentos de bonanza. En el reciente ciclo de precios bajos se hicieron varias mejoras en cuanto a reducción de costos, lo que significó fuertes recortes. Esto, sin lugar a dudas, fue una gran lección que tuvo la industria y que servirá cuando veamos una eventual alza sostenida del precio del cobre, de manera que no existan los desembolsos desmedidos que vimos en años anteriores. Hay que dejar en claro que las compañías mineras lo pasaron muy mal durante estos últimos tres años: en el consolidado financiero la gran minería perdió plata. Claramente, es algo que no se quiere repetir.

Por otra parte, los resultados y recomendaciones entregados por el Estudio de Productividad en la Gran Minería del Cobre, realizado por la Comisión Nacional de Productividad, nos han dado directrices en las cuales debemos seguir trabajando y avanzando, de manera de dar soluciones a problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años en materia de productividad.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la relación entre remuneraciones y productividad?

A partir de 2005, las remuneraciones crecieron sustancialmente más que la productividad y esa brecha no se ha cerrado. Mientras las remuneraciones promedio de 2016 son un 127% más altas que las del año 2000, la productividad en 2014 es 15% más baja que en 2000. La realidad de cada empresa puede ser distinta, pero de acuerdo al promedio de la industria, existe el desafío de hacer sostenibles las remuneraciones, lo que se logra cuando van acompañadas de una evolución similar en la productividad.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El año minero 2017 presentó una baja en la producción y el cierre de proyectos como Pascua Lama y la desestimación ambiental de Dominga. Pero el sector minero continuó trabajando intensamente para mejorar los estándares y el desempeño de esta industria. De esta forma, desarrolló iniciativas como la conformación de la Alianza Valor Minero y el lanzamiento de su proyecto “Institucionalidad de Diálogo Territorial”, que define un marco para un diálogo permanente con las comunidades, con un esquema de solución temprana de conflictos; el Roadmap Tecnológico u Hoja de Ruta de innovación tecnológica 2015-2035 del Programa Nacional de Minería Alta Ley, una iniciativa público-privada impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería; y la mejora y aprobación del nuevo Reglamento de Seguridad Minera, entre otras. Sin embargo, en el rubro saben que queda mucho por hacer.

“Hay que dejar en claro que las compañías mineras lo pasaron muy mal durante estos últimos tres años: en el consolidado financiero la gran minería perdió plata”.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del sector minero?

Será un año marcado por las negociaciones colectivas. Esperamos que estas se desarrollen con altura de miras y con proyección de largo plazo, que generen valor para todas las partes. Que reine e impere la sensatez y no tengamos negociaciones colectivas conflictivas con huelgas prolongadas. Sobre todo, que se respete el estado de derecho y el marco que las regula, aprobado en la última reforma laboral. De la mano de unas negociaciones colectivas realizadas de forma legítima, pacífica y razonable, deberíamos tener un incremento en la producción de cobre.

¿Qué desafíos tiene la minería este 2018?

Desde nuestra perspectiva, los mayores desafíos de la industria son tres. Primero, la consolidación de los planes de mejora de productividad, para que el control de costos y el consecuente incremento de competitividad sean una tendencia sólida y no solo brotes verdes.

Segundo, que el nuevo Gobierno implemente los cambios en políticas públicas que incorporó en su programa y que contribuirían a dar mayor certeza y eficiencia a los procesos de aprobación de proyectos, sin afectar los estándares ambientales exigidos.

Por último, que en los más de veinte procesos de negociación colectiva que tendrán lugar durante este año, las partes actúen con la altura de miras que exige un sector cuyas relaciones laborales pueden ser un ejemplo a imitar por los demás sectores productivos del país.

“Hay que dejar en claro que  las compañías mineras lo pasaron muy mal durante estos últimos tres años: en el consolidado financiero la gran minería perdió plata”.

En este contexto, ¿cuáles serán las principales áreas de acción del Consejo Minero?

En 2016 elaboramos un documento con propuestas de políticas públicas, agrupadas en 12 temas, que con satisfacción hemos visto que coinciden con varias de aquellas planteadas en los programas presidenciales, incluido el del Presidente electo. Sobre este punto tenemos dos temas, aparte del laboral que mencioné anteriormente, que consideramos claves para el impulso de un desarrollo sostenible de la minería.

El primero tiene relación con los permisos, en cuanto a que los grandes proyectos de inversión deberían someterse a un sis- tema de diálogo temprano con la comunidad y con organismos del Estado, para conocer las inquietudes y aspiraciones antes del ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA). Esta idea fue planteada por la Comisión Asesora Presidencial del SEIA y está siendo trabajada por Alianza Valor Minero, donde el Consejo Minero ha tenido un rol activo, complementándola con un sistema de diálogo permanente y resolución de controversias.

El segundo punto tiene relación con buenas prácticas regulatorias. En este aspecto, hay tres ingredientes esenciales que recomienda la OCDE. Primero, todo borrador de proyecto de ley y reglamento debiera estar acompañado de una evaluación de impacto que diga cuáles son los beneficios y costos. Segundo, esos borradores debieran ser sometidos a consulta pública. Tercero, debe existir un organismo independiente que vele por el cumplimiento de lo anterior. Hoy ya se aplican algunas de estas buenas prácticas, pero en forma aislada. Nuestra propuesta para las nuevas autoridades es avanzar en una política integral.

“Existe el desafío de hacer sostenibles las remuneraciones,lo que se logra cuando van acompañadas de una evolución similar en la productividad”.

MANO DE OBRA Y COSTO DE LA ENERGÍA

El desarrollo de mano de obra capacitada ha sido una preocupación de la minería en el último tiempo. Por ello, comenta Joaquín Villarino, desde hace seis años el Consejo de Competencias Mineras (CCM, institución formada por el Consejo Minero para adecuar la oferta de formación de técnicos y profesionales a la demanda del mercado laboral minero) está trabajando en dar las directrices a las instituciones de formación de cuáles son las capacidades y estándares que requiere la industria, con el fin de contar con trabajadores calificados.

“El CCM se ha preocupado de que los jóvenes obtengan una formación para el trabajo más pertinente y de mayor calidad, aumentando su empleabilidad. Este ha sido considerado por la Cámara Nacional de Comercio como el modelo a replicar por los demás sectores productivos y el Gobierno, a través del proyecto ELEVA (plataforma de transferencia de conocimientos técnico-profesionales), ha destinado tiempo y recursos para su aplicación en una extensa red de establecimientos en el país. De esta forma, hemos ido trabajando la brecha existente en capital humano, tanto en competencias como en demanda y oferta de trabajadores”, explica el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Sobre el costo de la energía, un tema trascendente para el sector, Villarino dice que “en general, las empresas mineras contrataron su energía a largo plazo. Estos contratos no tenían en consideración la caída de precios que vimos en las últimas licitaciones de las distribuidoras, la introducción de un impuesto al CO2 y las alteraciones regulatorias a la remuneración de la transmisión, por lo que creemos que pueden existir ingredientes para impulsar cambios”.

Edición N°176, Marzo 2018

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