EL TIPO DE ESTADO Y EL ROL DEL SECTOR PRIVADO SON ALGUNAS DE LAS
PREGUNTAS QUE LA CIUDADANÍA SE HACE EN RELACIÓN AL PROCESO
CONSTITUYENTE. EN CONCRETO QUISO CONSULTAR PUNTOS CLAVE DE LA NUEVA
CONSTITUCIÓN A DOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES ELEGIDOS EN REGIONES
Y EN LISTAS UBICADAS EN DISTINTOS SECTORES DEL ESPECTRO POLÍTICO.
Por Jorge Velasco
Loreto Vidal:
“Debemos disminuir las facultades y atribuciones del Presidente y otorgarles
mayores atribuciones al Congreso y a los gobiernos locales y regionales”.
Loreto Vidal Hernández fue electa en el Distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé), como parte del Pacto de la Lista del Pueblo. Es enfermera (UACh), abogada (UDLA) y Magíster en Bioética (UDD). Cuenta con 30 años de experiencia laboral en las áreas de la salud, la educación, la
defensa de los derechos humanos y el trabajo con grupos vulnerables. Dentro de las instituciones donde se ha desempeñado se encuentran el AIEP, UNAB, DUOC, USS, UDLA y UdeC. Fue directora académica del Instituto Profesional AIEP de la Universidad Andrés Bello sede Concepción entre 2011 y 2014, y directora ejecutiva de la Corporación Sempiterno, dedicada principalmente al trabajo con personas vulnerables.
¿De qué manera la nueva Constitución podría ayudar a promover una toma de decisiones más ágil y efectiva que responda a las necesidades de cada zona o región
del país? ¿Se necesita un cambio de división política y administrativa del Estado?
Se requiere una descentralización efectiva, con mayor transferencia de competencias y recursos. Hemos avanzado en la creación de la figura de un gobernador(a) regional, pero con escasas atribuciones y coexistiendo con la figura de un delegado(a) presidencial. Por lo tanto, debemos pensar y crear una nueva institucionalidad que responda a los desafíos locales y regionales, con la mirada puesta en los territorios y sus comunidades.
Nada de esto tendrá sentido, si no establecemos mecanismos de participación popular y ciudadana que puedan proponer, incidir, decidir y solicitar rendición de cuentas y de los compromisos a sus autoridades electas y, en general, de todas las instituciones públicas. La participación vinculante es fundamental.
Chile tiene una larga tradición presidencialista,
¿cree usted que la nueva Constitución debiera mantenerla o plantear un nuevo sistema de gobierno? Si es así, ¿cuál es su propuesta?
Creo que debemos disminuir las facultades y atribuciones del Presidente y otorgarles mayores atribuciones al Congreso y a los gobiernos locales y regionales, sin perder de vista que una democracia directa debe darle mayor espacio y herramientas a las comunidades y sus organizaciones sociales y territoriales. Debemos avanzar a un régimen semipresidencial.
En Chile nuestra tradición no es solo presidencialista, sino que más bien históricamente hemos sido gobernados bajo un modelo de presidencialismo “ultra reforzado”.
¿Cuál es su opinión sobre mantener o no la autonomía del Banco Central? En uno u otro caso, ¿qué cambios le haría a este organismo?
Considero que la autonomía del Banco Central debe permanecer. Es necesario para nuestra democracia mantener órganos autónomos que supervigilen los ámbitos de acción del Estado. Sobre los cambios, cada tiempo trae consigo sus propios desafíos. Creo que es necesario incorporar algunas modificaciones y hay sectores que lo han propuesto, lo que en su debido momento lo vamos a discutir y deliberar. Pero la autonomía no debería estar en discusión, pues es justamente la mayor virtud de este órgano.
¿Qué opinión tiene sobre mantener la responsabilidad del gasto fiscal en el Presidente de la República?
Dice un antiguo adagio “cuando más de uno es responsable, no responde nadie”, frase que comparto plenamente. Creo que la responsabilidad debe seguir radicada en el Ejecutivo, sin embargo, debemos avanzar y buscar una fórmula que permita entregar más atribuciones al poder legislativo en relación con el uso eficiente y eficaz que sustente el gasto fiscal, de manera activa, haciendo
propuestas, pudiendo aumentar y disminuir gastos. Principalmente, para poder contribuir a la desconcentración de poder de la figura presidencial y así propiciar, en mayor medida, la deliberación y la democracia.
Un ejemplo claro, en este sentido, corresponde a la discusión por el aporte fiscal hacia las familias a propósito de la de crisis socio-sanitaria del Covid-19, en donde a pesar de la fuerte demanda por recursos, se debió esperar la iniciativa presidencial al respecto. Debemos ampliar la mirada, en la crisis sanitaria que enfrentamos, pese a todos los esfuerzos realizados, no se ha logrado responder de manera consistente. Ojalá el creer que ya todo pasó no nos haga olvidar a las miles de vidas que se sigue llevando la pandemia. Pero, por sobre todo, el dolor total que genera un duelo inesperado y que hoy viven en silencio miles de familias. Esto, por cierto, requiere desde ya organizar los recursos humanos y financieros para enfrentar la pandemia siguiente, que ya emerge y se manifiesta en el incremento de patologías de salud mental.
¿Qué opina sobre la participación de actores privados en el desafío de proveer derechos sociales como vivienda, salud y educación, entre otros?
Considero que el principal garante de derechos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación debe ser el Estado. Es tarea del Estado dar un cumplimiento efectivo y transversal que garantice acceso y dignidad a todas y todos los chilenos. No obstante, el rol que puede jugar la iniciativa privada puede ser complementario, en cuanto a poder ofrecer, por ejemplo, modelos educativos o de salud alternativos, incluso servicios para aquellos que estén dispuestos a pagar. Lo que no debe suceder es que algún derecho básico quede limitado en su acceso, porque no se cuente con los recursos para poder pagarlos, convirtiéndolos en un bien de consumo. Ojalá seamos capaces de avanzar en equidad, respeto y dignidad. El Estado debe ser garante de derechos
sociales, indiscutiblemente.
¿De qué forma la ciudadanía puede tener una participación activa en este proceso constituyente?
Actualmente se encuentran funcionando la Comisión de Participación y Consulta Indígena, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y la Comisión de Descentralización, las cuales han comenzado a recibir audiencias y trabajarán en propuestas de mecanismos de participación, para que todo aquel que quiera participar activamente de este proceso pueda hacerlo. Hemos recibido a la fecha más de 1.200 solicitudes de audiencias. Esa es una muestra objetiva de como nuestra comunidad quiere ser parte activa de este momento histórico y debemos estar disponibles.
Existe voluntad de los y las convencionales en abrir el proceso y, sobre todo, de escuchar a las y los ciudadanos, así como a centros de estudios, organizaciones y todos aquellos que quieran presentar sus propuestas.
Rodrigo Álvarez:
“La efectiva descentralización de Chile es uno de los requerimientos
más profundos en este proceso”
Rodrigo Álvarez Zenteno fue elegido en el Distrito 28 (Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Puerto Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como parte de la Lista Vamos por Chile. Abogado de la Universidad Católica de Chile (PUC) con un magíster en derecho en la Universidad de Harvard y un doctorado en derecho en la Universidad de Navarra, es profesor de Derecho Comercial, Derecho Tributario y de Derecho de la Competencia en la PUC. También fue tres veces diputado por la Región de Magallanes, presidente de la Cámara de Diputados, Subsecretario de Hacienda y Ministro de Energía.
¿De qué manera la nueva Constitución podría ayudar a promover una toma de decisiones más ágil y efectiva que responda a las necesidades de cada zona o región del país? ¿Se necesita un cambio de división política y administrativa del Estado?
La efectiva descentralización de Chile es, posiblemente, una de las peticiones y requerimientos más profundos en este proceso. La mayoría de los convencionales, especialmente los de regiones –como es mi caso, de Magallanes–, recibimos ese mandato y exigencia específica desde nuestros votantes. De hecho, una de las características históricas de este proceso, es que la Constitución será escrita por una inmensa mayoría de constituyentes que no representan a la Región Metropolitana.
Por ello, el actual capítulo XIV de la Constitución que se refiere al Gobierno y Administración Interior del Estado es del máximo interés. Por supuesto, no solo se trata de la distribución del poder y de lograr que la capacidad de decisión se acerque más a los ciudadanos, a escala comunal y provincial, sino también de lograr mecanismos más eficaces y rápidos en el proceso de toma de decisiones públicas.
Chile tiene una larga tradición presidencialista,
¿cree usted que la nueva Constitución debiera mantenerla o plantear un nuevo sistema de gobierno? Si es así, ¿cuál es su propuesta?
En todo el debate constitucional, para mí es imprescindible pensar en que las constituciones exitosas no son un modelo teórico. No se escriben en el vacío o solo desde la doctrina. Se redactan pensando en un país concreto, con sus ciudadanos y visiones, con su historia particular, características y evolución. Por ello, yo tiendo a decantarme hacia sistemas con un eje mayor en el poder ejecutivo. Por supuesto, es necesario estructuras donde haya más pesos y contrapesos entre las diversas autoridades y poderes del Estado. Por eso, es necesario estudiar reformas a diversos aspectos de las atribuciones de la Presidencia, especialmente en beneficio de las regiones, sus gobiernos y las autoridades locales (más que del Congreso). Pero, en general, tiendo a inclinarme por modelos semipresidenciales.
¿Cuál es su opinión sobre mantener o no la autonomía del Banco Central? En uno u otro caso, ¿qué cambios le haría a este organismo?
Mi opinión es absolutamente a favor de la independencia del Banco Central. Estoy convencido de que esa característica institucional es indispensable para el diseño de nuestro orden público y económico y fue esencial en la responsabilidad fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento económico de Chile durante las últimas tres décadas.
Además, su preocupación y control de los fenómenos inflacionarios son una garantía, a veces olvidada, para los sectores más pobres o de menores recursos del país. A nivel constitucional, no haría cambios mayores, sin perjuicio de algunos perfeccionamientos en su Ley Orgánica, especialmente por los desafíos internacionales de las próximas décadas.
¿Qué opinión tiene sobre mantener la responsabilidad del gasto fiscal en el Presidente de la República?
Si uno recuerda la historia, este fue un objetivo buscado por numerosos presidentes y autoridades antes de la Constitución de 1980. No deberíamos olvidar eso. Por ello, habiendo sido integrante por 12 años de las Comisiones de Hacienda en la Cámara de Diputados y de Presupuesto en el Congreso Nacional y, posteriormente, Subsecretario de Hacienda, estoy convencido de que este
es otro de los elementos centrales para políticas de crecimiento correctas, responsabilidad en las finanzas públicas y lograr el desarrollo del país.
Definiciones como esta, así como la iniciativa de gasto y estimación de los ingresos, la Ley de Presupuesto y los principios constitucionales de la tributación -entre otrasson características muy importantes para el desarrollo de Chile y para las posibilidades y oportunidades de los chilenos.
¿Qué opina sobre la participación de actores privados en el desafío de proveer derechos sociales como vivienda, salud y educación, entre otros?
Una de las peticiones más claras de los chilenos, que percibimos todos los candidatos en la última elección, fue la necesidad de mayores esfuerzos, solidaridad y mejores respuestas de políticas públicas, especialmente en esos tres campos de derechos o expectativas sociales: vivienda, salud y pensiones. Creo, con todo, que debemos, por una parte, mantener el objetivo de buenas y series políticas desde el Estado y, por otra, utilizar todas las posibilidades públicas y privadas para dar una respuesta a esas necesidades de los chilenos.
En ese sentido, la colaboración y participación del sector privado para responder a problemas, desafíos y necesidades públicas para mi sigue siendo imprescindible. Los chilenos requieren mejores respuestas en salud, vivienda y pensiones y para ello el trabajo individual o conjunto del sector público y del privado siguen siendo indispensables.
¿De qué forma la ciudadanía puede tener una participación activa en este proceso constituyente?
Es una de las grandes preocupaciones e intereses de la Convención. Lograr la participación y la confianza de los chilenos durante todo este proceso es fundamental. Para ellos estamos trabajando, desplazando a la Convención o sus comisiones a regiones, y recibiendo en audiencias a numerosos grupos de personas.
Con todo, creo que el principal llamado es a todas las organizaciones de la sociedad civil, así como a todos los ciudadanos, a comprometerse y participar en el proceso constitucional: dar a conocer sus propuestas e ideas, y demandar ser escuchados por los convencionales y distintos sectores que están presentes en la Convención.
