Infraestructura para el desarrollo

14 noviembre, 2017 934 0 0

Por Sergio Torretti Costa, Presidente Cámara Chilena de la Construcción


La infraestructura, cuando se desarrolla en forma sostenida, tiene un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y en la competitividad de los países. En la práctica, hace que los frutos del crecimiento beneficien a todos, contribuyendo a crear sociedades más justas y equitativas.

Ahora bien, para que ello ocurra deben cumplirse, al menos, dos requisitos básicos que hemos promovido como gremio: que exista una institucionalidad que permita establecer políticas públicas de largo plazo -independientes de los ciclos políticos- y que de continuidad al diseño y ejecución de los proyectos de infraestructura, así como un nivel de inversión consistente con las necesidades que se deben satisfacer.

Distintos estudios muestran que por cada 10% en que aumenta la inversión en infraestructura pública, el producto per cápita crece en promedio 1,7%. Esto quiere decir que la inversión en esta área “se paga” en un plazo de entre 10 y 14 años y luego continúa aportando sus beneficios por el resto de la vida útil de las obras.

Sin embargo, y pese a la importancia de la infraestructura públi- ca para elevar la calidad de vida y fortalecer la economía, en los úl- timos años hemos visto que la inversión pública en esta materia ha sido volátil: en el año 2000 alcanzó al 3,8% del PIB, mientras que en 2015 fue de 2,6%. Esto demuestra que no ha existido una política de Estado consistente en materia de infraestructura, siendo este sector un factor de ajuste ante restricciones presupuestarias.

Pero esta realidad puede estar próxima a cambiar. De hecho, el proyecto de ley que busca crear un Fondo de Infraestructura, anunciado en 2016, tiene particular relevancia, pues es un reconocimiento explícito del mundo político al rol que juega la infraestructura en el progreso de los países y es también expresión del deseo, de estos mismos actores, de crear el contexto necesario para el mejor y más oportuno desarrollo de este ámbito.

Además, la implementación de esta nueva institucionalidad permitiría cumplir dos objetivos que estimamos de primer orden: disponer de un flujo más estable de recursos y darle un nuevo sentido y proyección a la política de “quien usa paga” -base del sistema de concesiones-, convirtiéndola en piedra angular para el desarrollo de los nuevos proyectos de infraestructura que el país irá demandando en función de su crecimiento económico y de las expectativas de las personas.

No obstante algunas observaciones específicas que como gremio tenemos a esta iniciativa legal, nuestra convicción es que, habiendo sido aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, debiera ver la luz lo antes posible.

En tanto, el pasado 24 de octubre la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite la ley que crea la Dirección General de Concesiones, siendo despachada para su aprobación. Entre otras funciones, este organismo deberá proponer anualmente al Ministerio de Obras Públicas un plan de concesiones a cinco años, con lo que se está dando un nuevo paso en el camino de hacer de la infraestructura una política de Estado para beneficio de todos los habitantes del país.

Edición N°173, Noviembre 2017

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