Institucionalidad al debe

11 octubre, 2017 449 0 1

Por Sergio Torretti Costa, Presidente Cámara Chilena de la Construcción


De un tiempo a esta parte mucho se ha dicho y escrito sobre la necesidad de reimpulsar el crecimiento económico del país. Que este vuelva a ocupar un lugar central en las políticas públicas y en las motivaciones y gestiones del gobierno ha sido una demanda que ya se viene escuchando en forma reiterada.

Y no podría ser de otra forma, pues no hay progreso social ni mayores grados de bienestar sin crecimiento económico. Por algo un ex Presidente de la República dijo que la tarea número uno de Chile es volver a crecer y que lo demás “es música”.

Todo indica que su diagnóstico es compartido. El consenso, al menos desde el punto de vista discursivo, parece ser amplio en este tema. De hecho, el recientemente asumido ministro de Hacienda resumió de la siguiente forma los énfasis que guiarían su gestión: “crecimiento, crecimiento, crecimiento”. Más claro, imposible.

Hasta ahí, todo bien. Al igual que cuando se señala que para alcanzar tal objetivo es crucial elevar los niveles de inversión privada. No hay que olvidar que en nuestro país más del 70% de la inversión que se materializa proviene del sector privado y más del 90% de los puestos de trabajo lo crean las empresas privadas.

Sin embargo, entre estas buenas y compartidas intenciones y la realidad de los hechos hay una distancia que está creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del país ya no está dando las garantías necesarias para asegurar la materialización de aquellos proyectos que cumplen la normativa vigente.

Ejemplos hay muchos. Proyectos de infraestructura que deben completar cientos de trámites y obtener igual número de pronunciamientos, permisos y aprobaciones –en plazos extensísimos–, pero que, sin embargo, no aseguran de que podrán finalmente ver la luz. Que no es otra cosa que empezar recién su construcción.

Situación similar afecta a los proyectos inmobiliarios. En Chile solo se puede construir en los lugares y en las condiciones que definen las autoridades a través de los planes reguladores y una vez que la inmobiliaria ha cumplido un largo procedimiento para obtener el anteproyecto o permiso de edificación que le da derecho a ejecutar su obra.

Pero ahora parece que esto ya no es suficiente y un creciente número de organismos públicos, funcionarios y autoridades actúan incluso más allá de sus atribuciones para paralizar e impedir la ejecución de proyectos en regla.

Así, difícilmente se va a cumplir el deseo expresado por muchos de que la economía vuelva a crecer, por la simple razón de que la falta de certeza para la ejecución de proyectos, tanto jurídica como en materia de plazos y costos, es un golpe mortal para cualquier emprendedor o empresario que arriesga su capital y muchas veces su prestigio en un acto de confianza hacia una institucionalidad que hoy está al debe.

Chile y sus posibilidades de desarrollo económico y social, dependen críticamente de que se corrija este tema. Para ello se requiere, sobre todo, decisión y voluntad política, porque con menos inversión privada todos pierden.

Edición N°172, Octubre 2017

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