LA CPC Y SUS SEIS RAMAS PRESENTARON UNA INICIATIVA QUE PROPONE MÁS DE 40 MEDIDAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y A LA PROVINCIA DE ARAUCO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. EN ESTE CONTEXTO, LA CChC TEMUCO CUMPLE UN IMPORTANTE ROL COMO ARTICULADOR REGIONAL DE LAS ACCIONES Y DIÁLOGOS A DESARROLLAR EN EL PILAR ESTRATÉGICO DE TERRITORIO E INFRAESTRUCTURA.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza CChC Temuco, Multigremial La Araucanía.
Innumerables atentados a la propiedad privada, ataques armados a personas, tomas de terrenos y destrucción de maquinaria agrícola y forestal han impactado al sur de Chile, teniendo repercusiones en todo el país. El Estado no ha podido resolver el denominado “conflicto mapuche”, un complejo problema multidimensional que ha provocado un clima de inseguridad, miedo y estancamiento económico en la Región de la Araucanía y en la Provincia de Arauco en la Región del Biobío. Para alcanzar una solución efectiva de estos problemas, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a sus seis ramas gremiales (SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC, Abif ), presentó la Propuesta de Trabajo por la Paz Social y el Progreso en La Araucanía y Provincia de Arauco, en un encuentro realizado en marzo en Temuco. La iniciativa fue entregada a representes de la sociedad civil de la región como líderes del pueblo mapuche, de la Iglesia Católica e iglesias protestantes, regional gremios y representantes de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en la zona, entre otros referentes locales. “La entrega de esta propuesta se hace en la región y para la región, porque es necesario que las soluciones se desarrollen desde los territorios y sus habitantes”, dijo en la oportunidad el presidente de la CPC, Juan Sutil, a los participantes de la cita, junto con precisar que en el comité de trabajo asignado para esta propuesta, la CChC Temuco ha tenido un rol clave. “Nuestro gremio de la construcción puede ser un articulador regional para esta propuesta. Por eso somos un actor importante para coordinar las acciones y diálogos que nos conduzcan a lograr sus metas”, señala Claudia Lillo, presidenta de la CChC Temuco. Como un “hecho relevante” califica el presidente nacional de la CChC, Antonio Errázuriz, el alcance y origen de esta propuesta. “Obviamente, los principales responsables de contribuir a resolver la grave situación que se vive en esa parte de nuestro territorio, erradicando la violencia como condición base para la paz y el progreso, son los tres poderes del Estado. Pero es la sociedad en su conjunto la que debe aportar con soluciones, como las que estamos comprometidos a impulsar desde el mundo privado y que surgieron del diálogo con la sociedad civil de la misma zona”, dice Errázuriz. CUATRO PILARES Más de 40 propuestas contiene el documento desarrollado por la CPC, las que están enfocadas en cuatro ámbitos: institucionalidad y legislación; territorio e infraestructura; desarrollo productivo; cultura y educación. Entre ellas, destacan la necesidad de flexibilizar las limitaciones a la propiedad de las tierras mapuches, sin afectar el principio de inalienabilidad a los no indígenas; reemplazar el actual sistema de “compra de predios en conflicto” por un nuevo mecanismo que asegure la sustentabilidad y la paz social; agilizar la agenda legislativa de seguridad, orden público y reparación; propiciar planes regionales de ordenamiento territorial; desarrollar un plan de educación para profundizar la integración de la cultura mapuche en los establecimientos educacionales; y promover el emprendimiento, desarrollo y exportaciones de productos locales mapuches y no mapuches. En particular, el desarrollo del ámbito de territorio e infraestructura es clave para la zona en conflicto. Levantar infraestructura crítica como caminos, obras de riego, agua potable rural, electrificación y conectividad digital son desafíos que plantea la propuesta. De este modo, la iniciativa expone la necesidad de propiciar la elaboración de planes regionales de ordenamiento territorial (PROT) en las regiones de La Araucanía y del Biobío que, entre otros aspectos, identifique los potenciales productivos y de infraestructura que tiene la macrozona. “No es presentable que en pleno siglo XXI haya cientos de escuelas rurales sin acceso a agua potable y vastos sectores sin electricidad. Tampoco es posible que gran parte de la región no tenga conectividad digital, porque más del 60% de la población de La Araucanía está en un blackout digital, con estudiantes y emprendedores sin acceso a internet”, advierte la presidenta de la CChC Temuco. “El desarrollo de la infraestructura y de los territorios es un aporte sustancial para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ellos. Sobre todo cuando, como en el caso de estas regiones, presentan importantes falencias al respecto. También es un requisito fundamental para que se desarrolle tanto la economía local como la nacional, objetivo al que todos aspiramos”, asegura el presidente de la CChC.
“NUESTRO gremio de la construcción puede ser un articulador regional para esta propuesta. Por eso, somos un actor importante para coordinar las acciones y diálogos que nos conduzcan a lograr sus metas”, señala Claudia Lillo, presidenta de la CChC Temuco.
CESE A LA VIOLENCIA Y RESPALDO POLÍTICO Los empresarios enfatizan también que erradicar la violencia es un imperativo ético para avanzar en acciones que devuelvan la seguridad, el entendimiento y la reactivación productiva a la macrozona sur. Según Claudia Lillo, detrás de los hechos violentos del sur están involucradas mafias organizadas, un flagelo social que está creciendo en otras zonas del país. “En todo Chile –comenta– está sucediendo que estas organizaciones, asociadas a hechos violentos y delictuales, se están insertando en sectores sociales donde el Estado no ha logrado resolver las carencias. Estas mafias se insertan en ellos con ayuda económica y así consiguen soldados para sus delitos armados”. Por otro lado, el timonel de la CPC reitera que se necesita del apoyo de las autoridades de Gobierno y de los legisladores, para lograr modificaciones legales que permitan avanzar en la ejecución de las más de 40 propuestas de la iniciativa. “La agenda indígena y los temas territoriales como la usurpación, la violencia y los delitos requieren de amplios acuerdos políticos. Para avanzar en resolver esos problemas, necesitamos de cambios legislativos. Con la actual normativa existe una impunidad absoluta en problemas como la usurpación de territorios y en otros conflictos que afectan a la macrozona sur”, advierte Juan Sutil.IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN Aunque los sectores forestal y agrícola son los que más han sufrido ataques y tomas de terreno, el rubro de la construcción también ha sido víctima de estos delitos. Además de un incremento en el número de hechos y en el nivel de la violencia, estos ilícitos ya no se limitan a zonas rurales, sino que han llegado a la ciudad, con agresiones a maquinaria y a trabajadores en obras de infraestructura e inmobiliarias en sectores urbanos de Temuco. “Hoy los trabajadores no quieren correr riesgos, por lo que se niegan a trabajar en sitios de conflicto. Así también, las inmobiliarias han parado sus obras a la espera de tener un resguardo en las faenas de sus proyectos que hoy están paralizados”, indica Claudia Lillo, presidenta de la CChC Temuco. Según datos de la delegación regional, en lo que va de 2021 se han registrado un total de 389 casos de violencia en zonas rurales de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y del Biobío. Solo en La Araucanía, los hechos de violencia rural aumentaron en un 241%, desde 2013 al 2020.
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