Sergio Torretti Costa, Presidente Cámara Chilena de la Construcción
Existe un amplio consenso en cuanto a que una palanca fundamental para el desarrollo sostenible de los países es disponer de una adecuada infraestructura. Por ello, desde el año 2002 nuestro gremio elabora el informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo” (ICD), que evalúa la situación actual de los distintos sectores que componen este ámbito y establece las necesidades de inversión en cada uno de ellos para alcanzar un determinado estándar en un horizonte de diez años.
Así contribuimos a identificar los desafíos que aún tenemos en esta materia, con el objetivo de aportar a las políticas públicas y facilitar las decisiones de inversión, de manera de asegurar que la infraestructura no sea una traba sino un promotor del progreso social y económico.
En nuestro más reciente informe, elaborado por connotados expertos en sus respectivos sectores y que dimos a conocer a mediados de junio, se estima que las necesidades de inversión en infraestructura para el período 2018-2027 ascienden a US$ 175.000 millones.
Se trata de una cifra muy relevante y sobre la que cabe hacer algunas precisiones. La primera es que el incremento de la inversión estimada respecto de la versión anterior del ICD (2016), se explica básicamente por efecto de un análisis más pormenorizado. Por ejemplo, en el informe más reciente se duplicaron las ciudades estudiadas para estimar las demandas en infraestructura vial urbana.
En segundo lugar, solo un tercio de los US$ 175.000 millones debiera ser asumido directamente por el Estado. Los requerimientos restantes son de responsabilidad del sector privado o pueden ser abordados mediante un modelo de alianza público-privado, con lo cual el Estado puede mejorar la infraestructura y, al mismo tiempo, orientar sus recursos a satisfacer otras necesidades.
Con todo, estamos hablado de una inversión promedio anual en infraestructura de uso público cercana al 8% del PIB. Esta cifra supera el nivel de inversión sugerida por la literatura especializada –que se ubica en torno al 5% del PIB–, pero esto se explica en lo fundamental por un largo período en que a nivel nacional se ha subinvertido en esta materia.
Para revertir esta negativa dinámica y para que la infraestructura despliegue todo su potencial para mejorar la competitividad del país y la calidad de vida de sus habitantes, el ICD entrega además una serie de lineamientos que debieran ser considerados principalmente por las autoridades.
Por ejemplo, destaca la necesidad de que la infraestructura en su globalidad sea tratada como una política de Estado y que se generen políticas nacionales –hoy inexistentes– que orienten el desarrollo de largo plazo de muchos de sus distintos sectores. También resalta que, a partir de estas estrategias, se construyan carteras de proyectos que respondan a necesidades locales y nacionales y cuyo modelo de financiamiento –público o mixto– sea el resultado de un estricto análisis técnico.
Como gremio, estamos orgullos de nuestro informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo”, cuya metodología ha sido validada incluso por la OCDE, pues entrega antecedentes y orientaciones para seguir avanzando en la construcción de un mejor país para todos.
Edición N°180, Julio 2018