SE ADVIERTE UNA LENTA ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS EN EL MINVU Y UNA
SUBEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MOP,
MIENTRAS QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES SUELEN PRESENTAR UN LENTO
USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. PARA LOGRAR UNA EFECTIVA UTILIZACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS, SON CLAVES LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, RESOLVER
LA PERMISOLOGÍA Y CONCENTRAR EL GASTO FISCAL EN PROGRAMAS QUE
REACTIVEN EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza MOP, Minvu y CChC.
Junto con el inicio de la discusión parlamentaria y de Hacienda para definir la Ley de Presupuesto 2024, las miradas apuntan a cómo ha sido la ejecución presupuestaria en lo que va del año y cómo será de aquí a diciembre.
Por distintos factores, en los últimos años el gasto fiscal efectivo de los recursos asignados ha sido menor a lo aprobado por la Ley de Presupuesto, lo que genera una sostenida tendencia de subejecución presupuestaria, la que, junto con frenar los proyectos de infraestructura pública, afecta a la economía, el empleo y la construcción.
“La subejecución presupuestaria ha ocurrido muchas veces en los últimos períodos, lo que sucede porque las instituciones públicas no utilizan los recursos asignados con la eficiencia y rapidez que se requiere. Por lo tanto, hay un problema de modernización del Estado. En Chile tenemos un conjunto de programas de inversión mal evaluados por organismos internacionales, lo que debe ser corregido. Como país necesitamos eficiencia en el uso efectivo y oportuno de los recursos del Estado. De lo contrario, quienes más se ven afectados son los chilenos que requieren de un gasto fiscal eficiente, sobre todo en ciclos económicos bajos como el actual”, dice el economista Alejandro Alarcón, profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.
Un antecedente que torna más complejo este tema, fue el anuncio del Ministerio de Hacienda de un ajuste fiscal por cerca de US$ 2.000 millones en relación al presupuesto
actual en ejecución, debido a menores ingresos fiscales de lo estimado en la Operación Renta y en tributación minera, así como a mayores gastos a los previstos por contingencias, como aquellos vinculados a los daños provocados por los incendios forestales y las inundaciones. Al cierre de esta edición, el anuncio de ajuste fiscal de Hacienda aún no se oficiaba vía decreto a los ministerios, por lo que cada cartera todavía no sabía cuál sería el porcentaje o monto en que se podría recortar su presupuesto en ejecución para lo que resta de año.
Según el “Informe de Ejecución del Gobierno Central al Segundo Trimestre de 2023”, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), los ingresos totales del Gobierno Central acumulados a junio alcanzaron los $ 33.742.530 millones, registrando una disminución real anual de 16,2%. “Por su parte, el gasto del Gobierno Central Presupuestario presentó un incremento real de 6,9% anual, registrando una ejecución de $34.017.326 millones, y con una tasa de avance de 48,0% respecto de la Ley de Presupuestos aprobada”, indica el informe de la Dipres.
SITUACIÓN DEL MINVU Y DEL MOP
En el caso del Ministerio de Vivienda (Minvu), hasta ahora los datos indican una ejecución presupuestaria positiva. “En materia de vivienda pública, a junio el Minvu había ejecutado el 53% del presupuesto del Programa Regular de Subsidios, esto es, un aumento de 11 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado”, dice Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC. Además, el último informe trimestral de Macroeconomía y Construcción (MACh 64) de la CChC, indica que en el primer semestre de este año la ejecución del presupuesto asociado a la política habitacional aumentó un 30% anual.
“LA SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ha ocurrido muchas veces en los últimos períodos,
porque las instituciones públicas no utilizan los
recursos asignados con la eficiencia y rapidez que se
requiere”, dice el economista Alejandro Alarcón, de la
Universidad de Chile.
En tanto, en el MOP desde enero a julio se ejecutó cerca del 35% de su presupuesto asignado para iniciativas de inversión en infraestructura pública. “Esto, si bien representa una disminución anual de 2,6 puntos porcentuales en términos de avance y de 3,2% en cuanto al monto ejecutado, da cuenta de un mejor desempeño respecto de meses anteriores”, precisa Nicolás León.
Según reconoce el director general de Obras Públicas, Boris Olguín, “la ejecución presupuestaria ha sido un poco más lenta que lo habitual. Los factores que han influido son los cambios normativos, que afectaron fuertemente las conservaciones en los primeros meses del año, además de una industria golpeada por la pandemia, con poco nivel de acceso a crédito y una banca restrictiva. Estamos trabajando sin pausa para lograr la ejecución del programa de aquí a fin de año, incentivando a las empresas a participar”.
En línea con la proyección de Olguín para el último trimestre, el ejecutivo de la CChC consigna un dato recurrente en este tema: en la recta final de cada año el gasto fiscal se incrementa para no “perder” los recursos asignados y no arriesgar un menor presupuesto para el período siguiente. “En la medida en que avanza el año, vemos que va disminuyendo la brecha negativa de gasto. Hacia abril era cerca de -20%, pasando a -3% en julio, lo que permitiría proyectar variaciones anuales positivas hacia los próximos meses”, estima León.
Si bien el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC recalca que, en un balance global, el Minvu no registra subejecución presupuestaria, sí presenta una lenta adjudicación de subsidios: 18% del total programado a inicios de este año y 25% de avance respecto de los recursos comprometidos a futuro. “Esto podría deberse tanto a problemas en la tramitación de los proyectos como a las dificultades de las familias de sectores medios para completar el aporte que deben hacer adicionalmente al subsidio y, en la práctica, se traduce en un bajo dinamismo de este mercado habitacional”, explica.
En el caso del MOP, advierte como preocupante el gasto fiscal de la Dirección de Vialidad, ya que representa poco más del 60% del total del presupuesto de ese ministerio. A julio exhibía una variación real de casi -5% de su ejecución, respecto a la misma fecha del año anterior, “lo que esperamos se vaya corrigiendo en lo que resta del año”, señala el ejecutivo gremial.
Por otro lado, el riesgo de subejecución presupuestaria también ha afectado la gestión fiscal de los gobiernos regionales en los últimos años. “Un ejemplo de ello es que hacia julio dos regiones exhibían niveles muy preocupantes, según la Dipres, como lo son Magallanes (10%) y Tarapacá (13%)”, comenta León.
Tales falencias tienen consecuencias negativas, tanto en el ámbito social por programas y proyectos que se postergan, como también en la economía y la construcción, que no disponen de una inversión pública sólida para estimular la reactivación. “Impactan en la construcción no sólo por un menor inicio de nuevos proyectos, sino porque retrasan pagos por obras ya realizadas, afectando la liquidez y el acceso a financiamiento de las empresas”, añade.
FOCOS PRESUPUESTARIOS
Al observar la ejecución presupuestaria, no sólo es oportuno preguntarse cuánto y cómo se gastan los recursos, sino también dónde va el dinero asignado. Así lo plantea el economista y docente de la FEN, Alejandro Alarcón: “Existe una cantidad excesiva de empleados públicos en muchos ministerios e instituciones del Estado. Hemos efectuado mediciones en las que encontramos que hay cerca de 100.000 que no sabemos bien qué están haciendo. Ante eso se debe hacer un ajuste en la dotación de personal, para ejecutar el gasto fiscal de manera eficiente y en los programas que efectivamente requieren con mayor urgencia los chilenos”
¿Dónde concentrar la ejecución de lospresupuestos en lo que queda del año?
“En aquellos programas que beneficien de manera directa a los más pobres. Es probable que se deban aplicar programas parecidos a los que se utilizaron en los períodos más complejos de la pandemia. Creo que es prioritario cambiar la estructura y el foco del gasto fiscal para concentrarlo en reducir el desempleo, entre otras prioridades sociales. Hay un problema de asignación de recursos que se debe resolver para hacer más eficiente la ejecución presupuestaria”, afirma Alarcón.
En el MOP el foco presupuestario está definido para 2023. “Tenemos una ambiciosa cartera de proyectos, priorizada en cuatro ejes programáticos: seguridad ciudadana; desastres naturales y emergencias; integración territorial, conectividad y movilidad; desarrollo social, cultural y científico; y seguridad hídrica”, detalla Boris Olguín.
PERMISOLOGÍA Y SUBEJECUCIÓN
Al cruzar los datos de la ejecución presupuestaria con los retrasos de los proyectos de infraestructura pública por la permisología, se advierte la relación del exceso y tardanza de los permisos con la subejecución. “Afecta muy negativamente todo el ciclo de vida de los proyectos y del presupuesto público”, afirma Nicolás León.
Para ejemplificar lo anterior, por el retraso en el otorgamiento del permiso de edificación a un proyecto asociado a programas como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49, para familias vulnerables), que representa cerca del 41% del presupuesto del Minvu, no se pueden pagar los avances de la obra. “Y lo mismo pasa si se atrasa la recepción de las obras, ya que, sin este hito que es responsabilidad de las direcciones de obras municipales, es imposible cobrar los subsidios y, por lo tanto, ejecutar el presupuestoreservado para esto”, describe León.
Para hacer más expeditos los permisos requeridos para proyectos habitacionales, precisa el personero de la CChC, se deberían unificar y estandarizar los procesos de recepción de documentación por parte de las entidades públicas que otorgan los permisos de edificación, como los municipios. “También es clave que exista la certeza jurídica necesaria durante el desarrollo de los proyectos, evitando que se puedan paralizar injustificadamente, y hacer más eficientes los procesos de recepción municipal”, propone el ejecutivo gremial.
IMPULSO A LAS LICITACIONES
La Dirección General de Obras Públicas ha flexibilizado el acceso a las licitaciones para que contratistas del MOP de menor tamaño puedan acceder a la ejecución de obras de mayor alcance.
“En las licitaciones de este y el próximo año, las empresas inscritas en obras menores en el Registro de Contratistas del MOP podrán postular a obras de la categoría inmediatamente superior, ampliando el límite de 6.000 UTM a 20.000 UTM (hasta $ 1.300 millones). Desde ahora, los contratistas de obras menores podrán postular a proyectos de mayor envergadura y, además, podrán realizar consorcios para complementar experiencia y respaldo económico”, señala Boris Olguín.
La medida también busca estimular el empleo y la reactivación económica. En este sentido, la ministra del MOP, Jessica López, y el director general de Obras Públicas presentaron el 4 de octubre la cartera de licitaciones para el cuarto trimestre de 2023 y el próximo año para cada región del país.
“La ministra ha sido muy clara en que tenemos que ser efectivos y eficientes en cerrar la cartera 2023 del Ministerio, la que considera más de 600 licitaciones para publicar de las direcciones de Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos y Arquitectura”, dice Boris Olguín.
