José Ramón Valente: La economía con el acelerador a Fondo

4 septiembre, 2018 128 0 0

El ministro de Economía, Fomento y Turismo destaca la necesidad de retomar la inversión y la productividad, y detalla algunos alcances de la nueva agenda que el gobierno está impulsando para hacerlo. “Necesitamos que la inversión en los próximos cuatro años crezca entre 6% y 7% anuales en promedio”, afirma.

Por Jorge Velasco Cruz


En los últimos meses, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha desempeñado un activo rol en el impulso de diversos proyectos para aumentar la inversión y la productividad del país. Mayo fue clave en este sentido, cuando el Presidente Sebastián Piñera firmó dos decretos en los cuales la labor de esta cartera es esencial: el que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y el proyecto de ley Agenda Pro-Inversión.

Este último plantea diversas medidas y propuestas para reactivar la economía, entre las que se incluyen la implementación de una plataforma digital para realizar los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales, mejoras en el Servicio de Evaluación Ambiental y en el funcionamiento de la Dirección de Aguas, y la regulación de la suspensión provisoria de una obra nueva, entre muchas otras iniciativas.

“Si uno aspira a tener un crecimiento sostenido de 4% anual, que es la meta del gobierno, es imprescindible que la inversión vuelva a recuperar el dinamismo. Eso implica que sea aproximadamente de un 25% respecto del PIB al año, ya que había bajado a 22% en los últimos cuatro. Para que ello ocurra, necesitamos que la inversión en los próximos cuatro años crezca entre 6% y 7% anuales en promedio. Pero la tarea era titánica, porque la inversión que estaba previendo el Banco Central para este 2018 era de 3%, menos de la mitad de la meta que nos habíamos planteado”, analiza el ministro de Economía, José Ramón Valente.

Con este diagnóstico, era necesario que el gobierno entregara una señal clara para reimpulsar la inversión y poner en marcha la recuperación económica. “Debíamos salir con una Agenda Pro-Inversión lo antes posible, para mostrar que esto es prioridad, que nos interesa el tema y que los empresarios reactiven sus proyectos”, relata este economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago.

Un primer paso en este sentido, enfatiza Valente, fue la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que ya está funcionando y tiene por objetivo coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país.

¿Cuáles son las funciones principales de la oficina GPS?

Primero, la de juntar a inversionistas con las reparticiones del Estado. Había un celo del Estado de no reunirse con los promotores de proyectos, como si algo estuviera mal con hacerlo. Pero es todo lo contrario. Entendemos que debemos juntar al sector privado con el público para que se produzca una buena comunicación. Ambos se necesitan: los inversionistas tienen que sentirse atraídos por el país que los va a recibir por varios años y el sector público debe darle esas seguridades. Por lo tanto, esta oficina es un punto de encuentro entre los gestores y las instituciones del Estado. Como Ministerio de Economía, hemos generado contrapartes en todas las reparticiones públicas que tienen que ver con el proceso de aprobación de inversiones, para hacer el seguimiento de los proyectos.

¿Por qué es importante tender este puente entre el sector público y el privado?

Es relevante porque muchas de las reparticiones del Estado no tienen la película completa y solo ven el permiso como algo puntual que ellos necesitan otorgar. Entonces, es labor nuestra como Ministerio juntarlos y ver su importancia para los proyectos como un todo. Ayudamos a que los gestores puedan contactarse en forma más fluida con las instituciones del Estado y que estas entiendan la importancia que los permisos salgan a tiempo y bien.

Agilizar Proyectos

El ministro Valente destaca también otros dos elementos esenciales de la Agenda Pro-inversión. Uno de ellos es el proyecto de ley –llamado Proyecto de Pro-inversión 1- con 16 medidas que buscan reducir los plazos de inversiones en Chile y dar mayores certezas jurídicas en su tramitación. Actualmente, se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

Y otra parte importante de esta agenda consiste en el encargo que hizo el Ministerio de Economía a la Comisión Nacional de Productividad (CNP), para que genere una serie de recomendaciones con otras mejoras que se puedan realizar en el proceso de entrega de permisos a los proyectos de inversión.

“Lamentablemente, en su último reporte, la OCDE nos pone como el país más burocrático en términos del número y tramitación de permisos para realizar inversiones. Tenemos que salir de esa posición en forma urgente. Por eso enviamos este proyecto de ley y comisionamos a la CNP para que nos dé inputs nuevos, que eventualmente podamos transformar en cambios normativos o en un Proyecto Pro-inversión 2”, explica José Ramón Valente.

¿Hay proyectos de inversión que para este gobierno sean claves de agilizar?

Más que agilizar un proyecto en particular, estamos visibilizando una cartera de proyectos. La GPS generó un catastro de inversiones. Y este tiene unos 210 proyectos, aproximadamente, con cerca de US$ 65.000 mil millones. Potencialmente, eso podría crear 250.000 nuevos empleos. Sin embargo, el gobierno no se la juega especialmente por una u otra iniciativa, sino que le interesa que haya una cancha plana y abierta para que cualquiera que quiera invertir, lo pueda hacer y que ojalá que los proyectos salgan adelante, en la medida que cumplan con toda la regulación ambiental y sectorial, y tengan un buen relacionamiento con las comunidades.

Una de las medidas planteadas en la Agenda Pro-inversión es la implementación de una plataforma digital para realizar los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales. ¿Es distinto al DOM en Línea que ha estado impulsando la CChC?

Conceptualmente no. Lo que estamos planteando es que haya una forma, a través de plataformas tecnológicas, en la que se puedan obtener los permisos de las Direcciones de Obras Municipales. Con el proyecto hacemos que esto sea un requisito legal de las municipalidades, porque eso acorta los plazos y los costos, y estamos poniendo los recursos necesarios para que se implemente. Ahora, la forma específica de la tecnología que se utilice está abierta. Hay varias alternativas. Microsoft, por ejemplo, tiene una instalada en diez municipalidades, que ha logrado buenos resultados en los últimos años, como en la Municipalidad de Coquimbo, donde los procesos han bajado su tramitación desde 200 días a cerca de 14. El Ministerio de Vivienda también tiene su propio proyecto.

¿Cuáles son los cambios esenciales que la agenda propone en cuanto al Servicio de Evaluación Ambiental?

El tema principal es que los proyectos deben tener un no rápido cuando la sociedad de verdad no los quiere. No puede ser que tramitemos un proyecto durante diez años para resolver que, en realidad, nunca le gustó a la comunidad o el país no estaba dispuesto a ejecutarlo. No podemos repetir malos procesos, como fue el de Hidroaysén o el del Muelle Barón en Valparaíso. Por otro lado, cuando estamos dispuestos a que se realice un proyecto, hay que decirle que sí, pero con ciertas condiciones claras y que no las estemos cambiando. Y que, en la medida en que se cumplan estas condiciones y no por la discreción funcionaria, que ese proyecto se apruebe. Eso es lo que estamos buscando como forma de trabajo.

¿Qué plantean cambiar para la Dirección General de Aguas?

Para los proyectos de inversión se necesitan permisos de la Dirección General de Aguas en muchos de ellos, pero la DGA no tiene el personal y los recursos para estudiar todos los permisos que se le están pidiendo. Lo que nosotros planteamos es que los privados interesados en un proyecto, puedan contratar una empresa que realice el estudio, se lo presente a la DGA, para que esta pueda decidir sobre la base del trabajo que hizo un tercero que esté previamente calificado y certificado. De esta forma, se le ahorra recursos al Estado, porque el estudio lo paga el gestor del proyecto y no solamente se financia con recursos públicos, y se le economiza mucho tiempo a las empresas. En la actualidad, un permiso de obra hidráulica pueda demorarse 2,5 años y pensamos que con esta modificación podría tardar algunos meses.

Acuerdo Nacional para el Desarrollo Integral

José Ramón Valente es uno de los integrantes del gobierno de la mesa de trabajo que convocó el Presidente Piñera para el “Acuerdo Nacional para un Desarrollo Integral”. Esta mesa está sosteniendo reuniones periódicas, con el fin de generar propuestas en temas como recuperar la inversión, mejorar la productividad, generar empleos e incentivar la competencia, entre otros. Está conformada por empresarios, emprendedores, economistas y ex ministros, con nombres destacados como Eduardo Aninat, Klaus Schmidt-Hebbel, Vittorio Corbo, Alejandro Foxley y Soledad Alvear.

“Hemos encontrado que, no obstante la diversidad de esta mesa, hay puntos de encuentro muy relevantes. A pesar de las diferencias políticas, podemos trazar líneas comunes de lo que queremos para el desarrollo de Chile en el futuro. El informe debería estar listo a fines de agosto”, destaca el ministro de Economía.

El Llamado a la CChC

“La Cámara Chilena de la Construcción, como motor del desarrollo de Chile, es tremendamente importante, tanto desde la infraestructura como desde el sector inmobiliario. Si vamos a generar una reactivación relevante en las inversiones, lo que puedan hacer la Cámara y sus socios es fundamental. Necesitamos que nos crean y vean que sí estamos avanzando en los proyectos que tenemos. De esa forma, los socios de la Cámara también se van a atrever a invertir”, dice José Ramón Valente.

Con este diagnóstico, era necesario que el gobierno entregara una señal clara para reimpulsar la inversión y poner en marcha la recuperación económica. “Debíamos salir con una Agenda Pro-Inversión lo antes posible, para mostrar que esto es prioridad, que nos interesa el tema y que los empresarios reactiven sus proyectos”, relata este economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago.

Un primer paso en este sentido, enfatiza Valente, fue la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que ya está funcionando y tiene por objetivo coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país.

Ley de Pago Oportuno

El proyecto de Ley de Pago Oportuno se anunció en mayo como un beneficio para las pymes, ya que estipula –entre otros elementos- fechas límites para recibir los pagos por sus servicios prestados o productos vendidos a las grandes empresas del país. Actualmente, se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

“Lo que hicimos fue estudiar la cadena completa de pagos, a diferencia de lo que se había hecho en proyectos anteriores, en que se tomaba solo un elemento”, dice José Ramón Valente. Un aspecto que destaca el ministro es el establecimiento de una guía de despacho electrónica. “Hoy día, si un proveedor entrega mercadería con una guía de papel, nadie supervisa que se facture cuando corresponde y se puede dilatar ese proceso durante meses”, apunta.

El segundo aspecto relevante tiene que ver con el financiamiento de las pymes vía factoring. “Las empresas reciben su factura y no esperan hasta el día 30 ó 60 para cobrarla, sino que van al factoring y piden la plata inmediatamente. Pero esos recursos se los prestan a tasas muy altas. Entonces, la forma en que lo hagan a tasas más bajas, es reduciendo la incertidumbre de quien paga y del monto. Para eso, tenemos en el proyecto dos elementos muy importantes. Las facturas que estén pasadas de su plazo comienzan a pagar intereses y a ser parte de la deuda neta de las compañías. Por lo tanto, reducimos todos los incentivos de las empresas grandes a no pagar sus facturas, porque tienen que pagar intereses altos y se les copan las líneas de crédito para pedir otros préstamos. Y, además de eso, hacemos que la factura no sea sujeta a que le puedan hacer notas de crédito. Por eso, esa factura pasa a ser un documento preciado por los factoring, por la cual van a competir por quedárselo, lo que va a hacer que baje sustancialmente la tasa de interés”, explica Valente.

“Si uno aspira a tener un crecimiento sostenido de 4% anual, que es la meta del gobierno, es imprescindible que la inversión vuelva a recuperar el dinamismo. Eso implica que sea aproximadamente de un 25% respecto del PIB al año”.

“Al gobierno le interesa que haya una cancha plana y abierta para que cualquiera que quiera invertir, lo pueda hacer y que ojalá que los proyectos salgan adelante, en la medida que cumplan con toda la regulación y tengan un buen relacionamiento con las comunidades”.

Edición N°181, Agosto 2018

Tags: Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Cámara Chilena de la Contrucción, cchc, construccion, infraestructura, José Ramón Valente Categories: Entrevista
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